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La identidad digital plantea nuevas formas de proteger a los menores y la privacidad en Internet

En entrevista con Radar Tecnológico, Elías Barzallo, CEO de Namirial para Colombia y Ecuador, explica cómo las credenciales digitales permitirían verificar la edad y facilitar el acceso a servicios sin revelar datos personales innecesarios, en un esfuerzo por proteger a los menores en Internet.

 


La verificación de edad busca proteger a los menores en Internet, pero también plantea preguntas sobre la privacidad. Las credenciales digitales podrían permitir acreditar condiciones personales sin exponer datos innecesarios.


Proteger a los menores en Internet sin exigir que las personas revelen todos sus datos personales es uno de los retos de la identidad digital. Las billeteras de identidad y las credenciales verificables plantean una alternativa para comprobar condiciones como la edad o la condición de estudiante sin compartir información que no sea necesaria.

Elías Barzallo, CEO de Namirial para Colombia y Ecuador, explicó en entrevista exclusiva con Radar Tecnológico que este modelo busca limitar los datos que circulan en cada operación y facilitar una identificación confiable ante plataformas digitales, instituciones públicas y empresas privadas.

Barzallo se refirió así a un sistema en el que los usuarios pueden acreditar determinados atributos sin entregar información adicional a la requerida para acceder a un servicio.

Acreditar la edad sin revelar toda la identidad.

Las credenciales verificables permiten demostrar una condición específica a partir de una identificación inicial del ciudadano. Entre los atributos que podrían acreditarse están ser estudiante o menor de edad, sin tener que presentar nuevamente todos los datos personales.

El ejecutivo explicó que una billetera de identidad digital permitiría almacenar las credenciales y compartirlas según las necesidades de cada interacción.

Por ejemplo, un estudiante podría demostrar que cumple los requisitos para acceder a una tarifa reducida en el transporte público o participar en un programa de becas sin revelar su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, su lugar de nacimiento o el colegio al que asiste, cuando esos datos no sean necesarios.

«No necesito compartir ni sus nombres, ni dónde nació, ni en qué fecha nació, ni cómo se llaman sus padres, ni a qué colegio va. Solo el atributo que es estudiante menor de edad. Punto».

El principio también podría aplicarse al ingreso a edificios. Según Barzallo, el personal de seguridad puede necesitar registrar el nombre y el apellido de un visitante, pero no necesariamente acceder a toda la información contenida en su documento de identidad.

El propósito es reducir la exposición de datos personales en las interacciones cotidianas. Sin embargo, contar con una identidad verificable no elimina las restricciones legales para los menores ni les concede automáticamente acceso a servicios reservados para adultos.

Proteger a los menores en Internet.

El uso de herramientas de inteligencia artificial, videojuegos y otras plataformas digitales plantea desafíos para la protección de los menores, especialmente cuando algunos servicios restringen el acceso por edad.

Durante la entrevista, Barzallo relató una situación familiar relacionada con el uso de inteligencia artificial en un curso de robótica de su hijo, menor de edad. Según explicó, el colegio necesitaba utilizar estas herramientas, pero algunos servicios limitaban el acceso a menores de 18 años o exigían convenios institucionales.

Para el ejecutivo, esta situación refleja la tensión entre el desarrollo de competencias tecnológicas y la obligación de proteger a los menores frente a los riesgos de un uso inadecuado de determinadas plataformas.

Entre las alternativas para verificar la edad mencionó las herramientas biométricas y las consultas a registros oficiales. También destacó los controles parentales en consolas de videojuegos y routers domésticos, que permiten establecer horarios y restricciones de acceso a ciertos contenidos.

Barzallo advirtió que la tecnología no resuelve por sí sola todos los problemas. La participación de las familias también influye, especialmente cuando los padres facilitan o permiten que los menores ingresen a servicios con restricciones de edad.

Garantías para el tratamiento de datos.

La verificación de identidad también exige que las organizaciones que recopilan y procesan información personal cumplan las condiciones que comunican a sus usuarios.

«Lo importante son dos temas. Uno, que exista una política de tratamiento de datos personales y dos, que se cumpla la política».

Barzallo señaló que las empresas deben definir qué información recopilan, para qué la utilizan y dónde la almacenan. También sostuvo que la autorización para tratar datos personales debe presentarse de forma explícita y separada de los términos y condiciones generales, en particular cuando se procesan características faciales o datos biométricos.

La confiabilidad de los sistemas es otro componente de la protección. El ejecutivo explicó que Namirial trabaja con su solución de incorporación digital, denominada Namirial Onboarding, orientada a identificar, reconocer y autenticar usuarios, así como a detectar posibles casos de suplantación de identidad.

También advirtió sobre la inyección de video, una técnica que puede utilizarse para intentar engañar los sistemas de verificación remota. Según su planteamiento, el uso de herramientas certificadas y acreditadas contribuye a establecer condiciones de confianza para estos procesos.

Así, comprobar quién es una persona no basta: también se requiere que la identificación sea confiable y que los datos obtenidos reciban el tratamiento correspondiente.

Interoperabilidad y auditoría de los sistemas.

La articulación entre instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y familias es otro de los desafíos que plantea la identidad digital. La interoperabilidad permite intercambiar información para prestar servicios, pero también exige controles que protejan cada eslabón de la cadena.

Barzallo considera necesario acompañar ese intercambio con herramientas que permitan proteger la información y verificar las operaciones. Además, plantea la implementación de mecanismos de auditoría y trazabilidad para examinar cómo se gestionaron los datos en una transacción determinada.

En su opinión, la confianza puede debilitarse cuando una misma organización desarrolla la solución, la utiliza y es la única que presenta evidencias sobre su funcionamiento. La participación de proveedores tecnológicos y el uso de herramientas evaluadas pueden contribuir a la verificación, siempre que existan condiciones para comprobar su confiabilidad.

El objetivo es que las instituciones puedan gestionar identidades y accesos sin comprometer innecesariamente la información de los ciudadanos.

Becas y servicios con credenciales digitales.

Las identidades verificables también podrían utilizarse para acreditar requisitos de acceso a programas académicos y deportivos. Barzallo mencionó las becas estudiantiles como ejemplo de iniciativas en las que un alumno podría demostrar que cumple las condiciones de participación sin entregar datos personales que no sean necesarios.

El modelo permitiría configurar perfiles de identidad para menores de edad, con atributos específicos que se compartan según el servicio solicitado. Para hacerlo realidad, el ejecutivo considera necesario que las entidades públicas y privadas incorporen las billeteras digitales en sus portales y sistemas de atención.

Entre los sectores que menciona están la banca, la salud, la educación y las plataformas de atención ciudadana. La adopción dependerá tanto de la disponibilidad de estas herramientas para los usuarios como de la capacidad de las organizaciones para reconocer y utilizar las credenciales.

La propuesta busca que la verificación de edad permita aplicar restricciones cuando corresponda sin convertir cada interacción en una entrega de información personal completa.

Para avanzar hacia ese modelo, Barzallo plantea combinar herramientas tecnológicas confiables con políticas efectivas de protección de datos, controles institucionales y participación de las entidades públicas y privadas.


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