Colombia redefine su transporte hacia la movilidad eléctrica
Lo que hoy parece una elección de movilidad podría convertirse en una carga financiera de largo plazo para Colombia.
Un nuevo informe advierte que la continuidad del transporte basado en combustibles fósiles aumentaría la vulnerabilidad del país frente a los precios internacionales del petróleo.
En una ciudad donde el tráfico es parte del pulso diario y cada tanque de gasolina parece más caro que el anterior, una pregunta comienza a tomar fuerza entre expertos: ¿qué tan sostenible es seguir moviendo al país con motores de combustión interna?
En Colombia, la dependencia de los vehículos de combustión interna ya está dejando una factura económica y energética que se extendería hasta 2050. La continuidad de este modelo podría implicar gastos multimillonarios en importación de combustibles y una mayor exposición a la volatilidad del petróleo internacional, según un nuevo informe de Carbon Tracker.
El estudio advierte que el consumo de petróleo en el transporte representó el 75% en el país en 2023, y que más del 25% de este combustible provino de importaciones. Bajo un escenario de continuidad de las tendencias actuales, Colombia podría destinar hasta US$226.000 millones a la importación de combustibles para el transporte por carretera hasta 2050, una cifra equivalente a 1,9 veces el presupuesto nacional de 2025.
Dependencia energética interna.
El análisis señala que esta dependencia del petróleo importado mantiene al país expuesto a choques externos en los precios del petróleo, con efectos directos sobre los hogares y las finanzas públicas.
En contraste, acelerar la electrificación del transporte permitiría reducir esa vulnerabilidad, apoyándose en la generación eléctrica local y en el potencial renovable del país, especialmente la energía hidroeléctrica, junto con el crecimiento de fuentes solar y eólica.
El informe destaca que una transición acelerada hacia vehículos eléctricos de batería (BEV) evitaría el uso de 600 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOE) hasta 2050 y generaría aproximadamente US$40.000 millones en ahorros por importaciones de combustible.
Transición y ahorros.
También subraya un efecto estratégico más amplio: la movilidad eléctrica podría reforzar la coherencia entre la política interna de Colombia y su posicionamiento internacional en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
En un contexto en el que el país ha sido anfitrión de una conferencia global sobre transición energética, el informe sugiere que avanzar en esta dirección fortalecería su credibilidad frente a inversionistas y economías emergentes.
El estudio advierte además que la venta continua de vehículos de combustión interna compromete al país a décadas de mayores costos. Cada vehículo nuevo implica cargas económicas estimadas a lo largo de su vida útil para el gobierno: cerca de US$6.000 por automóvil particular, US$120.000 por camión mediano, US$278.000 por camión pesado y US$350.000 por bus.
En el frente fiscal, Carbon Tracker estima que los subsidios a combustibles fósiles alcanzarán cerca de US$6.800 millones en 2025, mientras que los ingresos por su venta rondarían los US$6.300 millones, lo que genera un déficit aproximado de US$500 millones.
Presión fiscal creciente.
El informe también sitúa a Colombia en un contexto global favorable para la transición. La expansión de la manufactura en China ha reducido el costo de las baterías en más de un 80% desde 2013, mejorando la oferta de modelos y las cadenas de suministro. Esto ha hecho que la movilidad eléctrica sea más accesible para economías emergentes.
Según el análisis, Colombia cuenta con condiciones estructurales que podrían acelerar la adopción de BEV: baja propiedad de vehículos, un sistema eléctrico donde el 72% proviene de energía hidroeléctrica y una exposición limitada a la industria automotriz tradicional.
Además, la electricidad es entre un 28% y un 55% más barata que la gasolina o el diésel por kilómetro, lo que puede reducir a menos de la mitad el costo de recorrer 100 km frente a un vehículo de combustión.
En términos de salud y clima, el informe estima que una transición acelerada hacia BEV reduciría la contaminación del aire y evitaría hasta US$35.000 millones en daños económicos relacionados con el cambio climático hacia 2050.
Ben Scott, autor del informe y jefe de demanda de energía en Carbon Tracker, afirmó:
“Colombia tiene una clara oportunidad para evitar una mayor dependencia de combustibles importados para el transporte y los costos a largo plazo asociados con la venta continua de vehículos de combustión interna. El país cuenta con ventajas estructurales que respaldan la transición hacia vehículos eléctricos de batería, al tiempo que ofrece la posibilidad de reducir gradualmente los subsidios a los combustibles, aliviando la presión sobre las finanzas públicas.”
El informe recomienda al gobierno avanzar hacia una estrategia económica e industrial integrada que impulse los BEV como parte de una economía más moderna y baja en carbono. Entre las medidas sugeridas se incluyen regulaciones del lado de la oferta, reformas fiscales coordinadas y el desarrollo estratégico de infraestructura de carga.
En este sentido, recientes anuncios sobre un estándar de eficiencia energética vehicular son vistos como un avance alineado con estas recomendaciones.
El análisis destaca que un estándar robusto de eficiencia vehicular ayudaría a evitar la entrada de tecnologías obsoletas, reduciría la incertidumbre para la inversión privada y facilitaría el despliegue de infraestructura de carga, en línea con experiencias como el mandato ZEV del Reino Unido.
En última instancia, el informe plantea que la discusión no gira en torno a si Colombia debe electrificar su transporte, sino a la velocidad con la que puede capturar los beneficios económicos, sanitarios y energéticos de esa transición.
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