Fraudes digitales en Colombia costarían más de $50 billones en 2025

 

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En Colombia, cada vez son más los ciudadanos que han sentido de cerca el impacto de los fraudes digitales. Intentos de suplantación, mensajes engañosos, identidades falsas y transacciones sospechosas se han vuelto parte del día a día para miles de usuarios bancarios.

En medio de este panorama, la tecnología que impulsa la transformación del sistema financiero también se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: la seguridad.

El país vive un momento clave para el futuro de su ecosistema financiero. Mientras las fintech crecen con fuerza y se amplía la digitalización de los servicios bancarios, también se incrementan los delitos cibernéticos.

Solo en 2024, los intentos de fraude digital en Colombia aumentaron 43.5%, y en lo que va de 2025, América Latina ha experimentado un incremento del 50.65% en este tipo de delitos, superando el promedio global de 46.41%, según datos de Sumsub.

Identidad en riesgo.

Uno de los delitos más comunes es la suplantación de identidad, que podría generar pérdidas superiores a 50 billones de pesos en 2025, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS).

Además, según la firma de inteligencia FICO, más del 80% de los colombianos con cuentas bancarias afirma haber sido víctima de algún intento de fraude.

El crecimiento de las plataformas financieras digitales también revela una transformación profunda. Colombia es ya el tercer país con más fintechs en América Latina, con una participación del 13% en el mercado regional, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque un 74% de los usuarios aún prefiere los bancos tradicionales, el 21% de los jóvenes entre 18 y 24 años ya opta por servicios financieros digitales.

La tecnología no basta.

Este doble fenómeno —expansión del ecosistema digital y sofisticación de las amenazas— exige una infraestructura tecnológica robusta y mecanismos actualizados de verificación y protección.

Durante el evento Latam Fintech Market, realizado recientemente en Barranquilla, Andrew Novoselsky, Chief Product Officer de Sumsub, advirtió que, si bien Colombia cuenta con una base regulatoria sólida, aún enfrenta desafíos importantes:

“En términos regulatorios, Colombia cuenta con una base sólida en cuanto a lucha antifraude del sector finanzas con soluciones como verificación remota de identidad y uso de biometría. Sin embargo, persisten vacíos prácticos, como el acceso limitado a bases de datos oficiales y la falta de guías claras para monitoreo de transacciones, lo que genera asimetrías y mayor exposición a riesgos financieros.”

Combate tecnológico y educativo.

Los expertos coinciden en que la respuesta no puede depender solo de la tecnología. Ante delitos cada vez más complejos —impulsados por inteligencia artificial para crear deepfakes, identidades sintéticas o redes fraudulentas—, es clave reforzar también la educación financiera, la coordinación sectorial y el cumplimiento normativo.

Entre las soluciones tecnológicas emergentes destacadas por Novoselsky se encuentran:

Inteligencia artificial y machine learning, para detectar patrones en tiempo real.

Procesamiento en tiempo real con Big Data, que reduce fricciones sin perder seguridad.

Verificación adaptativa, que ajusta controles según riesgo, monto o ubicación.

Pruebas de vida e IA contra IA, para enfrentar fraudes generados con herramientas avanzadas.

Infraestructura integrada, que combine KYC, AML y monitoreo antifraude.

“La tecnología por sí sola no es suficiente para combatir el fraude; se necesita un enfoque integral que combine innovación, guías operativas claras y educación para reducir el riesgo humano. Sólo así podremos fortalecer la resiliencia del sistema financiero colombiano.”

Colombia tiene fortalezas: un marco legal avanzado, una red creciente de empresas tecnológicas y una cultura digital en evolución. Pero también enfrenta una amenaza creciente que requiere una modernización urgente. Novoselsky concluye asegurando que:

“La modernización tecnológica no es opcional: es el único camino para proteger a los usuarios, mantener la confianza y asegurar que la innovación financiera se traduzca en desarrollo seguro del mercado y sostenible para el país”.

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